Abogado de Familia en Puerto Montt

En el Centro de Justicia de Puerto Montt, Av. Egaña 1141, edificio A, donde funciona desde marzo de 2010. Antes estaba en Diego Portales 918, dirección que aún aparece en algunos catastros desactualizados. Tiene seis jueces y competencia sobre las comunas de Puerto Montt y Cochamó (artículo 4 de la Ley 19.968). Los escritos se presentan por la Oficina Judicial Virtual y muchas audiencias se hacen por videoconferencia. Puede comprobarlo en el sitio del Poder Judicial.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, cuyo territorio son las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena (artículo 55 letra o del Código Orgánico de Tribunales). Conviene saber lo que no abarca: la provincia de Osorno, aunque es Región de Los Lagos, apela ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. Más abajo publicamos ocho fallos recientes de la Corte de Puerto Montt en causas del Juzgado de Familia de Puerto Montt, con su rol para que usted mismo los pueda verificar.

En el juzgado de letras y garantía de su propia comuna, no en Puerto Montt. El artículo 37 del Código Orgánico de Tribunales creó juzgados de competencia común en Calbuco, Maullín, Los Muermos, Quellón, Quinchao, Chaitén y Hualaihué, y todos ellos conocen causas de familia aplicando el procedimiento de la Ley 19.968, con consejo técnico (artículos 131 y 132 de esa ley). Hay juzgados de familia propios en Puerto Varas, Castro y Ancud.

Sí, en tres materias: alimentos, cuidado personal y relación directa y regular, aunque se discutan dentro de un divorcio o una separación judicial (artículo 106 de la Ley 19.968). Si fracasa, el mediador emite el certificado de mediación frustrada y con él se presenta la demanda. Ese certificado no tiene plazo de vigencia. Quedan exentos quienes ya sometieron el mismo conflicto a mediación o alcanzaron un acuerdo privado, y no se aplica al divorcio por culpa del artículo 54 de la Ley 19.947. Los centros habilitados están en mediacionchile.gob.cl.

Es el trámite más rápido. Hacen falta más de un año de cese de la convivencia y un acuerdo completo y suficiente sobre alimentos, cuidado personal y relación directa y regular (artículos 55 y 21 de la Ley 19.947). Desde la Ley 21.394, el artículo 64 bis de la Ley 19.968 permite al tribunal acceder de plano a la demanda, sin audiencia, si las partes lo piden y acompañan los documentos, incluidas dos declaraciones juradas de testigos sobre que no hubo reanudación de la vida en común. Por eso la sentencia suele salir en semanas. Vea la guía del divorcio de mutuo acuerdo.

El artículo 22 de la Ley 19.947 reconoce tres instrumentos: escritura pública o acta protocolizada ante notario, acta ante un Oficial del Registro Civil o transacción aprobada judicialmente. Si no hay acuerdo ni demanda, el artículo 25 permite dejar constancia de la voluntad de poner fin a la convivencia y notificarla al otro cónyuge: es una gestión voluntaria y se puede comparecer personalmente. La Corte de Puerto Montt acogió en 2025 un divorcio apoyándose precisamente en el acta de una gestión voluntaria del propio juzgado, por su plena fuerza probatoria. Vea para qué sirve el cese de convivencia.

El artículo 3 de la Ley 14.908 presume que el padre o la madre tiene medios para dar alimentos a un hijo menor y fija un piso: la pensión no puede ser inferior al 40 % de un ingreso mínimo remuneracional por un hijo, ni al 30 % por cada uno si son dos o más. Con el ingreso mínimo vigente de $553.553 eso equivale a unos $221.421 por un hijo y $166.066 por cada uno cuando son dos o más. El tope es el 50 % de las rentas del alimentante (artículo 7) y el monto se expresa en unidades tributarias mensuales (artículo 6). Vea la pensión de alimentos mínima 2026.

No depende de que usted los declare. El artículo 5 de la Ley 14.908 obliga al demandado a acompañar liquidaciones, declaración de renta y boletas, y faculta al tribunal para oficiar al Servicio de Impuestos Internos, a PREVIRED, a los bancos, al Conservador de Bienes Raíces, a la Tesorería y a las AFP. Ocultar fuentes de ingreso se sanciona penalmente. En marzo de 2026 la Corte de Puerto Montt mantuvo unos alimentos provisorios apoyándose únicamente en lo que ya constaba en la carpeta electrónica: la declaración anual de renta obtenida del SII.

Sí, la obligación alimenticia es recíproca y cualquiera de los progenitores puede demandarla, incluso por vía reconvencional. Pero se decide con los mismos criterios: necesidades del alimentario y capacidad económica de quien debe pagar. En mayo de 2026 la Corte de Puerto Montt dejó sin efecto unos alimentos provisorios que un padre había obtenido contra la madre, porque de los antecedentes aparecía una asimetría de ingresos a favor de quien los pedía y ambos soportaban otras cargas legales.

Se pide la liquidación de la deuda y, con ella, retención de remuneraciones y de la devolución de impuestos, embargos, arraigo, suspensión de la licencia de conducir, rechazo del pasaporte e inscripción en el Registro Nacional de Deudores. Si no se conocen las cuentas del deudor, el artículo 16 N° 3 de la Ley 14.908 remite al procedimiento especial del artículo 19 quáter: el tribunal investiga bajo reserva el patrimonio activo del alimentante, revisando por interconexión la Comisión para el Mercado Financiero, el SII y otros servicios, dentro de tres días hábiles. Vea el registro de deudores alimentarios.

Sí, cuando la sentencia la fraccionó en cuotas. El artículo 66 de la Ley 19.947 permite al juez dividir la compensación en cuotas si el deudor no tiene bienes suficientes, y dispone que cada cuota se considera alimentos para el efecto de su cumplimiento, salvo que se hayan ofrecido otras garantías. La Corte de Puerto Montt resolvió en enero de 2025 que, por eso, procede iniciar la investigación del patrimonio activo del artículo 19 quáter de la Ley 14.908 para cobrar las cuotas adeudadas. Vea la guía de compensación económica.

Sí. El artículo 209 del Código Civil dispone que, reclamada judicialmente la filiación, el juez puede decretar alimentos provisionales en los términos del artículo 327, es decir, con el solo mérito de los documentos y antecedentes presentados y sin esperar el resultado de la pericia biológica. A eso se suma la potestad cautelar del artículo 22 de la Ley 19.968. En agosto de 2025 la Corte de Puerto Montt confirmó unos provisorios fijados así, aunque rebajó el monto porque el demandado ya tenía otra hija y una pensión en favor de su cónyuge.

El artículo 332 del Código Civil es la regla: los alimentos a los descendientes se devengan hasta los 21 años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesan a los 28; se mantienen también si una incapacidad les impide subsistir por sí mismos o si el juez los estima indispensables por circunstancias calificadas. Nunca se deja de pagar por cuenta propia: hay que demandar el cese, y si quien demanda está inscrito en el Registro de Deudores la demanda es inadmisible salvo antecedentes calificados (artículo 1 de la Ley 14.908). Vea el cese de pensión de alimentos.

No. El cese provisorio es una medida cautelar y temporal que suspende el pago mientras se resuelve el fondo, pero no declara extinguido el derecho ni produce cosa juzgada. Así lo resolvió la Corte de Puerto Montt en octubre de 2025, al rechazar la casación de un alimentante que sostenía lo contrario: la sentencia definitiva podía perfectamente fijar una fecha de término distinta, la del día en que la alimentaria cumplió 28 años.

En Carabineros (133), en la Fiscalía o directamente en el tribunal. El artículo 6 de la Ley 20.066 distingue: los actos que no constituyen delito los conocen los juzgados de familia; si hay delito, intervienen el Ministerio Público y los juzgados de garantía. El artículo 92 de la Ley 19.968 faculta al juez para prohibir al agresor acercarse a la víctima y restringir su presencia en el hogar, el trabajo o el lugar de estudios, y el artículo 7 de la Ley 20.066 obliga a adoptar medidas con el solo mérito de la denuncia cuando hay riesgo inminente. Vea abogado de violencia intrafamiliar.

No necesariamente. Son sedes distintas y con estándares distintos. En marzo de 2025 la Corte de Puerto Montt confirmó un divorcio por culpa por malos tratamientos graves contra la integridad psíquica (artículo 54 N° 1 de la Ley 19.947) pese a que la causa penal por maltrato habitual había terminado sobreseída: pesaron un certificado médico que diagnosticaba depresión grave gatillada por violencia psicológica y un informe de daño con estrés postraumático. Vea divorcios.

Si el otro progenitor tiene el cuidado personal, una relación directa y regular fijada o la patria potestad, hace falta su autorización, normalmente ante notario (artículo 49 de la Ley 16.618). Si se niega sin razón, se pide al tribunal, que resuelve considerando el beneficio para el niño y fija el plazo del viaje. Si quien se niega está publicado en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, el juez puede otorgar el permiso sin considerar las razones de su negativa, salvo que el viaje sea para radicarse definitivamente en el extranjero. Vea la autorización de salida del país.

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