La promulgación de la Ley N° 21.389 marcó un hito en la legislación sobre pensión de alimentos en Chile al crear el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esta normativa no solo afecta la esfera privada o personal del alimentante moroso, sino que proyecta sus consecuencias sobre el gobierno corporativo, la administración societaria y la validez de los nombramientos directivos en el ámbito empresarial chileno.

De acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, la capacidad para ejercer cargos de alta responsabilidad ejecutiva y directiva en empresas está supeditada al cumplimiento estricto de los deberes alimentarios. Tanto la Ley N° 14.908 como la Ley N° 21.389 de la Biblioteca del Congreso Nacional articulan una serie de restricciones dirigidas a garantizar que quienes dirigen entidades públicas y privadas mantengan una conducta patrimonial acorde a las exigencias de probidad y responsabilidad legal.

Marco Legal Aplicable: Ley 21.389, Ley 18.046 y Código de Comercio

La articulación entre el Derecho de Familia y el Derecho Corporativo se materializa en la intersección de las siguientes normativas fundamentales:

• Ley N° 21.389: Crea el Registro Nacional de Deudores y modifica la Ley N° 14.908, regulando las consecuencias de la mora en la pensión alimenticia en diversos trámites públicos e institucionales.
• Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas: Regula la administración societaria, las inhabilidades para ser director y la responsabilidad de los administradores por los perjuicios causados a la sociedad o a terceros.
• Ley N° 21.484 de Pago Efectivo y Responsabilidad Parental: Faculta a las partes e instituciones a fiscalizar el patrimonio y participaciones accionarias o dietas directivas del deudor.
• Regulaciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF): Establece criterios de idoneidad, transparencia e informes corporativos para directores de sociedades anónimas abiertas y entidades fiscalizadas.

Inhabilidades y Restricciones para Ser Director de Sociedades

El artículo 36 y siguientes de la Ley N° 14.908 (incorporados por la reforma de la Ley 21.389) imponen un deber activo a los órganos encargados de nombrar o ratificar directores en entidades empresariales, especialmente en empresas del Estado, sociedades anónimas abiertas y sociedades sujetas a la fiscalización de la CMF.

Cuando una persona física figura inscrita con anotación vigente en el Registro Nacional de Deudores por mantener liquidaciones impagas de pensiones de alimentos de 3 cuotas consecutivas o 5 discontinuas, se activan los siguientes efectos imperativos:

1. Verificación Obligatoria de Idoneidad: La junta ordinaria de accionistas, el directorio o el órgano de nominación estatal debe consultar el certificado del Registro Civil antes de perfeccionar la elección o ratificación del director o gerente general.
2. Prohibición o Condición Suspensiva de Nombramiento: El nombramiento no podrá cobrar eficacia jurídica sin que previamente se acredite el alce de la inscripción en el registro o se otorgue un mandato de descuento automático de las dietas directivas.
3. Retención Directa de Dietas y Honorarios Directivos: La sociedad pagadora tiene la obligación legal de retener de las dietas directivas, honorarios o remuneraciones ejecutivas la cantidad necesaria para cubrir la liquidación adeudada de alimentos decretada por el Tribunal de Familia.

Obligaciones del Directorio y Responsabilidad de la Empresa

Las empresas no están exentas de responsabilidad en este esquema sancionatorio. El representante legal de la sociedad o el gerente de recursos humanos y finanzas incurre en responsabilidad solidaria respecto de las sumas adeudadas si omite consultar el registro o ignora la orden de retención emitida por la ley o el tribunal de familia.

Si la empresa paga la totalidad de la dieta al director moroso sin aplicar la retención correspondiente, la parte demandante en el juicio de alimentos podrá pedir al juez de familia que aperciba a la empresa y ordene el embargo de las cuentas bancarias de la sociedad por el monto dejado de retener, sin perjuicio de las sanciones administrativas o pecuniarias tipificadas en el artículo 18 de la Ley 14.908.

Para comprender en profundidad cómo se gestionan los cobros y retenciones en diversas esferas patrimoniales, puedes consultar nuestro artículo detallado sobre la pensión de alimentos en Chile y sus mecanismos de cobro.

Consecuencias Corporativas y Riesgos de Reputación

Para las sociedades anónimas abiertas y corporaciones con estándares de gobierno corporativo (ESG), contar con directores o altos ejecutivos inscritos en el Registro de Deudores entraña serios riesgos de reputación e incumplimiento regulatorio. Las políticas de cumplimiento normativo (compliance) exigen actualmente la revisión periódica del estado registral de los miembros del directorio.

Si deseas revisar en detalle las sanciones de corte laboral, bancario e institucional vigentes en la legislación, te sugerimos leer nuestro reporte sobre el funcionamiento y consecuencias del Registro Nacional de Deudores.

Procedimiento para Regularizar la Situación de Directores Morosos

Para evitar la paralización del nombramiento o la retención forzosa de honorarios, el director o ejecutivo afectado por una anotación registral debe solicitar la cancelación formal de la inscripción cumpliendo con los pasos procesales ante el Tribunal de Familia:

1. Pago Total de la Deuda Consignada: Acreditar en la causa el pago íntegro del saldo pendiente mediante depósito judicial.
2. Aprobación Judicial de Acuerdo de Pago: Presentar una propuesta seria de pago en cuotas respaldada con garantías suficientes, la cual debe ser aprobada expressamente por el juez de familia.
3. Emisión de Oficio de Cancelación al Registro Civil: Solicitar al tribunal que emita el oficio electrónico ordenando al Servicio de Registro Civil la eliminación de la anotación morosa.

Nota informativa: El contenido de este artículo tiene un carácter meramente orientativo y educativo sobre la legislación chilena vigente (Ley 21.389, Ley 21.484, Ley 14.908 y Ley 18.046). Para la resolución de casos específicos, le recomendamos asesorarse directamente con un abogado especialista en derecho de familia.